Daniel
Albarracín Sánchez[1]
Economista y Dr. en Sociología
Enero
de 2016
XV
Jornadas de Economía Crítica. 10, 11 y 12 de Marzo de 2016. UCM
Resumen:
Nos
proponemos examinar la situación del proyecto de la UE a la luz de los
recientes acontecimientos en Grecia, el largo estancamiento económico en el
continente, y las perspectivas de refundación que plantea el Informe de los
Cinco Presidentes. Asimismo, estudiamos los impactos en el presupuesto europeo.
El artículo, finalmente, plantea la necesidad política de una propuesta de
transformación internacionalista en aras de hacer frente al proyecto de
recentralización neoliberal de Estado de carácter austeritario que parece que
va a profundizarse en los próximos diez años.
Palabras clave: Economía europea, Informe de los Cinco
Presidentes, Juncker, Presupuestos de la Unión Europea, Neoliberalismo de Estado.
Clasificación JEL: Macroeconomía, Sistemas Económicos,
Economía internacional, Economía pública.
Área temática: Economía Europea
Abstract:
We intend
examining the EU project situation after the recent events in Greece, in the
middle of a long term economic stagnation in the continent, and the
refoundation's perspectives posed by the Five Presidents's Report. Furthermore,
we analyse the changes in the European Budget. The paper, finally, proposes the
political need of an internationalist change in order to fight the State's
neoliberalism which is going to be deepened in the next ten years.
Key words: European Economy, Five Presidents' Report, Juncker,
EU Budget, State's Neoliberalism
JEL Clasification: Macroeconomics, Economis Systems,
International Economy, Public Economy
Topic: European Economy.
¿Hacia la refundación de la
Unión Europea?. En
torno al informe de los cinco presidentes.
Towards the European Union refoundation?.
On the Five Presidents' Report.
La
presente contribución emana de tres experiencias vividas por el autor y que le
facilitan una mirada singular para su desarrollo. En 2015 he tenido la
oportunidad de comenzar mi trabajo como consejero político en el Parlamento
Europeo, asesorando en las comisiones de Presupuestos y de Control Presupuestario
de la UE, actividad que me ha permitido tener una perspectiva global sobre los
programas y proyectos europeos y el esquema del origen de los recursos y de sus
destinos en el marco de las competencias presupuestarias de la Unión. En
segundo lugar, he podido asesorar a eurodiputados en materia de economía
europea, y presenciado los desarrollos e iniciativas internacionales que se
están forjando. En tercer lugar, y especialmente, he tenido el privilegio y el
honor de formar parte de la Comisión de la Verdad y Auditoría de la Deuda
pública griega, trabajando con un equipo de analistas y activistas formidable,
al amparo del Parlamento heleno, y dirigido por el eminente Eric Toussaint
(2015). Este trabajo así, cruza una aproximación analítica propia del
investigador social con tres observaciones activas en directo. Se aproxima a la
dimensión europea desde la inquietud política de la previsible refundación de
un proyecto de las clases dirigentes para establecer un espacio económico
ordenado, en el que las políticas de Neoliberalismo de Estado(s), protegido por
un nuevo impulso autoritario, se abre camino. Estas iniciativas están
recorridas de tensiones y obstáculos de las que debemos dar cuenta.
1.
Neoliberalismo de Estado.
Conviene
referirse al modelo de "Neoliberalismo
de Estado", como modelo de gestión económica predominante. En efecto,
tenemos que recordar que la política económica seguida recientemente no
responde a los postulados neoclásicos tal y como habían sido preconizados desde
la academia y adopta un formato propio en la práctica. Si bien el
neoliberalismo aplicado comparte su obsesión por el ajuste salarial, la erosión
del alcance de los servicios públicos generales y el recorte de los derechos
sociales, en aras de vehicular medidas proclives al restablecimiento de la tasa
de beneficio, incumple otros preceptos clásicos de esta escuela.
Así,
de esta manera, nos vamos a encontrar con que la política monetaria del BCE ha
sido ultraexpansiva en términos históricos –aunque durante años de manera comparada
no lo fuera en relación a la política de la Fed o el Banco de Japón-, y sigue
profundizándose esta línea –con efectos que serán más notables con el cambio de
tendencia en los tipos pautados por la Reserva Federal-. Ni que decir tiene que
el modelo expansivo de la política monetaria ha sido bien singular. El diseño y
comportamiento del BCE ha contribuido a facilitar confianza en los mercados
interbancarios, regular con flexibilidad las prácticas bancarias[2],
e inundar de crédito a la banca, y antes de la crisis al conjunto de la
economía generando un inmenso volumen de deuda y titularización financiera.
Mientras, renunciaba a ser prestamista de última instancia, se le negaba la
opción directa de financiar al sector público. No ponía los medios de regulación
necesarios de los productos y de los parámetros de funcionamiento bancario para
conducir la creación de deuda y dinero bancario que financiarizaba la economía
en su momento. O, cuando se agotaba el ciclo y se cortocircuitaba la
financiación no se aplicaban medidas para garantizar la función social del
crédito, de tal modo que la enorme liquidez sólo tapaba los agujeros de
insolvencia de la banca sin llegar al ciclo del capital productivo. En suma, el
modelo seguido se veía entrampado en la liquidez (Keynes, 1947: 201-202). El establishment se amparaba en el
prejuicio de fiarlo todo al sostenimiento de toda la economía a través del
sistema financiero, favoreciendo a las grandes corporaciones financieras
privadas. Esta experiencia, conviene advertirlo, plantea un reto para dilucidar
qué modelo de política monetaria expansiva se defiende, pues, como vemos, hay
diversos diseños y aplicaciones. En particular, el practicado tiene poco que
ver con las propuestas preconizadas y las consecuencias buscadas por cierto
keynesianismo ingenuo[3].
El
modelo de los manuales dista mucho del que se encuentra en vigor. El que se
aplica en la práctica sigue una dinámica ya conocida a largo plazo. El
desarrollo capitalista –más allá de sus diferentes formaciones sociohistórico
concretas y de sus fases- ha consistido en una articulación complementaria
entre la liberalización y extensión del mercado, regido por la lógica
rentabilista, y una presencia creciente del Estado. Nunca jamás tuvo tanto peso
el Estado y nunca jamás se globalizó tanto la lógica de la mercancía en las
sociedades humanas (Albarracín, D.; 2012).
Al igual que hubo en su día, y puede haber, modelos de mercado sumamente
distintos al rentabilista, el Estado dista mucho de un idealizado modelo
público proveedor de derechos y garantías. Así, la presencia del Estado
capitalista moderno ha operado para ordenar el funcionamiento de los mercados,
respaldar las inversiones capitalistas para minimizar sus riesgos, subvencionar
al capital y abaratar sus costes fiscales y laborales, así como para rescatar a
las grandes corporaciones en bancarrota cuando ha sido preciso. En esta fase,
adicionalmente, los poderes públicos además han emprendido una decidida
política de socialización de pérdidas y deudas privadas, lo que ha contribuido
a un crecimiento del gasto y el déficit público así como a una austeridad
severa en los servicios públicos y derechos sociales, formando un lastre de
grandes proporciones para cualquier dinamismo económico o para la justicia
social.
2. La Unión Europea: un entramado
institucional frágil e incompleto superado por una crisis larga y compleja.
Corren
tiempos en los que el establishment
europeo zozobra viéndose cuestionada su legitimidad. Las clases dirigentes tratan
de reestablecer su dominio poniendo en pie un proyecto, el informe de los 5
presidentes. Este proyecto se inicia en medio de un ciclo largo de
estancamiento o recesión, de desplazamiento de los polos de gravitación del
mercado internacional, de subordinación política de la UE, de grandes fenómenos
de movimiento forzado de personas por los conflictos bélicos circundantes, y de
ascenso de fuerzas de extrema derecha (Frente Nacional en Francia),
nacionalismos insolidarios que aspiran a refugiarse en sus banderas y fronteras
(Hungría, Reino Unido, países escandinavos…) y, por otro lado, fuerzas
emergentes populistas y gobiernos populares que, cuanto menos ofrecen objeción
a la rutina gestionaría del Neoliberalismo de Estado de las últimas décadas. El
establishment, así, se atrinchera en
un proyecto de “extremo centro”, en los términos que han venido caracterizando
Tariq Ali (2015) o Perry Anderson[4]
recientemente, soportado por las bases sociales acomodadas de los países del
centro y norte, y las oligarquías tanto centrales como periféricas europeas. El
enquistamiento del proyecto europeo para una Europa del capital, se sintomatiza
con la crisis de la deuda[5]
y del euro y con la posible salida de algunos países. Así pudo suceder con Grecia
respecto a la eurozona, por la periferia, y lo que se dirime pronto en Reino
Unido, en un país rico, respecto a su relación con la UE[6].
También encuentran un límite claro las iniciativas de expansión geocomercial,
sea bien porque otros grandes mercados regionales profundizan sus lazos de
liberalización mercantil (Tratado Asia-Pacífico); sea bien porque la expansión
del club de países que integrarían la UE observa por el Este su confín[7].
Estos elementos críticos han puesto sobre la mesa la urgencia para las élites
de reinventar la Unión Europea, para aplicar un modelo económico y político
consistente para sus intereses.
Asistimos
a una tensión entre un modelo intergubernamental de relaciones selectivas y
profundamente asimétricas –lideradas por los países centroeuropeos-, con una
institucionalidad europea que ha federalizado algunas competencias y recursos.
Las relaciones económicas europeas de ese modelo intergubernamental –en gran
medida opaco, de una dimensión económica y política de mayor envergadura y
relevancia que el mismo marco institucional reconocido en los tratados
europeos- contribuye a afianzar una Europa a varias velocidades, conjugable con
la configuración de un mercado flexible en un espacio de libertad de movimiento
de capitales[8]. Este
modelo se configura con su jerarquía implícita y un esquema de chantaje económico
permanente. Lo hace estrechando los lazos financieros y comerciales de
dependencia ocasionando subordinación política, inclusive al interior del
entramado de oligarquías que lideran cada país. Oligarquías que a su vez explotan
a sus respectivos pueblos. Pues bien, a pesar de estas políticas que consiguen
disciplinar a los diferentes gobiernos, y de los numerosos acuerdos de
coordinación existentes –sean por caso, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento[9]
y el esquema de gobernanza económica del Semestre Europeo (inaugurado en 2011)-,
se está lejos de un funcionamiento eficaz, un cumplimiento generalizado, y
menos aún de superar las contradicciones y límites a la acumulación y la
hipertrofia financiera (Albarracín, J.; 2010).
Hasta
la fecha la Unión Europea combina un esquema federal de mínimos con el
desarrollo de una serie de acuerdos intergubernamentales. Hasta ahora estos
esquemas han sido complementarios, pero la situación apunta a la necesidad de
una institucionalización más eficiente y coordinada de las políticas e
instituciones forjadas hasta el momento. Sólo un modelo que federalizase
aspectos clave de la política económica lo haría posible. Las competencias y
recursos federalizados hasta ahora son menores, y la mayor parte de las
políticas siguen consistiendo en confiar en la coordinación indirecta de las
políticas de los Estados miembro. Los instrumentos de política económica de la
Unión son incompletos, al contar apenas con la política monetaria y aspectos de
supervisión financiera. Sigue sin contar con las dimensiones fiscales y de
gasto que, como decimos, a lo sumo sólo se guían en su orientación general a
través de indicadores de resultado, a través de muy discutibles criterios de
convergencia nominal, que, por otro lado, se cumplen desigualmente. De tal
manera que, ante el fracaso y el corto alcance de este esquema, no es de extrañar
la apertura de un proyecto que procura federalizar un esquema económico más
completo que afianzaría la orientación hasta ahora establecida.
3.
El informe de los 5 presidentes
Este
informe, redactado por el Presidente de la Comisión Europea (Jean-Claude Juncker)
con la colaboración del presidente de la Cumbre del Euro (Donald Tusk), el del
Eurogrupo (Jeroen Dijsselbloem), del BCE (Mario Draghi) y del Parlamento
Europeo (Martin Schulz), consiste en un plan con tres fases (la primera en
marcha desde Octubre y hasta 2017) que se prevé para 10 años, con el objeto
de“dar coherencia al proyecto europeo”.
El
agotamiento de la eficacia de la política monetaria del BCE, llevada hasta sus
extremos en lo que se ha denominado flexibilidad cuantitativa, y el contexto de
inestabilidad financiera, estancamiento económico, tendencias deflacionistas,
parece requerir un soporte de política económica para que los Estados estén en
condiciones de hacer frente a una gran crisis bancaria. En este sentido, el
Informe propone un modelo más desarrollado de Neoliberalismo de Estado, esta
vez recentralizando y federalizando competencias adicionales en Bruselas. Con
el objetivo soterrado de hacer frente a una próxima bancarrota financiera, y
con el fin explícito de revitalizar el espacio y acumulación económica europea,
procura completar los instrumentos de política económica para las instituciones
europeas –sumando un proyecto fiscal y de supervisión bancaria que respalden la
política monetaria ahora en manos del BCE-, e integrar acuerdos e instrumentos
intergubernamentales de gran importancia en los Tratados europeos. Este
proyecto, junto al TTIP –que sería el proyecto mercantil hacia el exterior que
refundaría la estrategia mercantil de Europa en el mundo-, sería una auténtica
refundación al interno de la UE, de una relevancia igual o superior al Tratado
de Maastricht. Si el TTIP y el CETA representan la política comercial hacia el
exterior, el Informe liderado por Juncker (2015) perfila la política económica que
viene hacia el interior de la UE.
Se
inspira en las teorías de los “Estados Unidos de Europa” que han esgrimido
anteriormente personajes como Schaüble o Soros, consistente en desprenderse de
la falta de agilidad y eficiencia de una institucionalidad lastrada por peso
excesivo de los Estados Nación. Se trata de dar un salto favorable a la
acumulación capitalista y la recuperación de la tasa de rentabilidad mediante
la subordinación del papel de los Estados Miembros para, con una institución
europea más reforzada y engrasada, gestionar mejor el aprovechamiento de los
mercados disponibles, incrementar la tasa de explotación del trabajo y reducir
la interposición de la soberanía popular o la democracia nacional. De tal
manera que se perseguiría reducir el riesgo de aparición de gobiernos
desobedientes, con medidas que tratan de dar respuesta a la fortísima crisis
financiera que atraviesa a Europa.
En
fin, a la consagrada política monetaria (moneda única, un banco central
proclive al control de la inflación[10],
que soporta primordialmente al sistema financiero privado), y a la gobernanza
económica (control del déficit público, diferentes tratados
intergubernamentales), se le van a complementar otras esferas de intervención
recentralizadas en Bruselas.
Así,
procura racionalizar las políticas europeas para potenciar la competitividad y
rentabilidad, recentralizando las diferentes iniciativas intergubernamentales
en los Tratados e Instituciones Europeas, afianzando su orientación neoliberal
con el abrigo y ordenación de las instituciones europeas. Vale decir, reduciría
las asincronías o diferencias de gestión en los diferentes países en referencia
a la gobernanza económica establecida hasta ahora, orientada principalmente por
los acuerdos y pactos posteriores al Tratado de Maastricht y de Lisboa, que
establecían el control del déficit público, como pretexto para aminorar el peso
de los servicios públicos, los derechos sociales y las garantías sociolaborales.
Al
informe no se le escapa la tarea de racionalizar la arquitectura de la política
económica europea, hasta ahora coja de competencias y siempre dependiente de la
gestión de los gobiernos. Hasta la fecha ostentaba la política monetaria, la
gestión del limitado presupuesto europeo y la regulación mercantil
supranacional. Con este informe trata de dotarse a la UE de instrumentos más
eficaces para coordinar la política fiscal, de gestión macroeconómica, de
supervisión bancaria, y de regulación de los mercados de capitales.
No
se le escapa tampoco incluir medidas para gestionar la austeridad laboral y de
derechos. Para ello incluye un sistema de autoridades de Competitividad
nacionales, coordinado a escala europea, no sólo encargado de hacer cumplir los
objetivos de déficit público y “equilibrio macroeconómico", sino también
de establecer pautas para la política salarial -lo que dejará el principal
aspecto de la negociación colectiva fuera del alcance de los actores sociales-.
Detrás de ello, juega la hipótesis de primar la estabilización del sistema
financiero, como vehículo de la inversión.
El
proyecto del Informe de los 5 presidentes aborda así diferentes campos e
instrumentos que se refuerzan entre sí. Los principales consisten en un
refuerzo de las políticas de ajuste, tratando de dotar a la Unión Europea de
mecanismos que agilicen la eficacia de la gobernanza económica, con mecanismos
de coordinación y regulación efectiva de la política fiscal, presupuestaria y
salarial a nivel nacional. Hasta ahora la política macroeconómica ha estado
orientada en una línea parecida. El marco del Sistema Euro empuja
estructuralmente a una devaluación fiscal y salarial (Gutiérrez, E. et al.,
2012), el control del déficit aboca a una moderación de las políticas sociales,
los servicios públicos y la protección sociolaboral, y la política monetaria y
de rescates amparaban al sistema financiero privado. Pero la gestión de esta
política estaba siendo asincrónica, aplicada en grado diferente e incumpliendo
los ritmos que se habían exigido, en tanto que la mayor parte de las
competencias se encuentran en los Estados Miembros. El capítulo de Unión Económica del informe persigue
dotar de refuerzo a la política del Banco Central con una particular modalidad
de unión fiscal. Este esquema no prevé inmediatamente un Tesoro único, aunque
sí para la última fase de su desarrollo. Si bien, como vemos, si plantea
abiertamente una armonización de reglas bajo el manto de una política
macroeconómica neoliberal. Las reglas de esa unión fiscal no implican un
incremento de la presión fiscal en Europa, sino una reordenación de los
recursos propios de la Unión, para que al mismo tiempo que se incrementan los
recursos del presupuesto europeo, se reduzca la presión fiscal en la misma
medida en los Estados.
La
Unión Presupuestaria planteada que
intenta centralizar en Bruselas mayores recursos en detrimento de los
presupuestos nacionales, plantea asimismo un mayor control presupuestario de
los países miembros. Si alguien estuvo tentado de reducir los déficits públicos
por la vía de incrementar los ingresos públicos mediante un esquema progresivo,
se verá frustrado. Se impedirá un incremento de la progresividad y cualquier
presión fiscal redistributiva, que sólo podrá aprobarse desde el Consejo, a tal
punto que el eje central para minorar los déficits públicos se focalizará en el
lado del gasto. Este control supone restar competencias a los parlamentos y
gobiernos nacionales, centralizando paulatinamente en Bruselas la determinación
de la política fiscal y presupuestaria. Esta unión presupuestaria, podría
conducir finalmente al establecimiento de un Tesoro Único, en el que el Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE, establecido en 2012, y que sucedería al Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera, movilizando hasta 700.000 millones de euros,
mediante 80.000 euros de capital desembolsado) sería su precursor. También se
reforzaría el papel director del Eurogrupo (hasta ahora intergubernamental, y
que tenía un carácter no oficial) y entraría como institución dentro de la UE.
Debemos
relacionar el anterior capítulo con el que viene a denominarse Unión Financiera. Este incluye
diferentes iniciativas. Una de las más relevantes es la introducción en los
Tratados europeos del MEDE. Este fondo de rescate bancario se constituyó como
un fondo-instrumento intergubernamental para intervenir en economías
periféricas insolventes. Se las exige a cambio de liquidez duras
condicionalidades en su política macroeconómica que garanticen tanto la
devolución sostenible de su deuda como el cumplimiento de las políticas de
ajuste, bajo la amenaza de cortocircuitar a economías que, como la griega,
estaba asfixiada por el Sistema Euro y su dependencia financiera del Banco
Central Europeo. Este fondo-látigo, quiere introducirse en los Tratados con el
fin de emplearlo a cualquier país de la UE en que se considere oportuno
aplicar. Se trata de un instrumento financiero de gran envergadura,
complementario al presupuesto europeo, y que sería el precursor de un venidero
Tesoro Único.
El
MEDE emplea, como otros numerosos fondos establecidos a escala europea –como el
Plan de Inversiones para Europa, conocido como Plan Juncker-, los llamados instrumentos financieros. Estos fondos
aprovechan instrumentos de apalancamiento financiero. Se financian con la
emisión de bonos titulizados destinados a los mercados financieros y que
cuentan con garantías y avales públicos. Una aportación limitada de recursos
públicos, que tratan de dar seguridad a las inversiones privadas en caso de
fracaso, permite incrementar el fondo varias veces. En el caso del Plan Juncker
las inversiones privadas a largo plazo cuentan con protección pública contra el
riesgo –con origen en el presupuesto de la UE y el Banco Europeo de
Inversiones-, contribuyen a dar viabilidad conjunta a aportaciones financieras
fragmentadas, y proporcionan una rentabilidad facilitando al ahorro (y el
capital) privado a bienes raíces e infraestructuras en un proceso de
acumulación por desposesión donde lo público da cobertura a la iniciativa
privada. En el caso del MEDE directamente el mismo esquema se emplea para que
se rescaten entidades financieras nacionales y se comprometa a los Estados a
devolver su coste con los intereses correspondientes, más la aplicación de
duros programas de ajuste macroeconómico, laboral y social, selladas en
condicionalidades consagradas en Memorandos de Entendimiento. En suma, con la
cobertura de garantías públicas, el capital privado puede obtener una nueva
fuente de excedente en base a la explotación de países enteros, en general,
todos ellos de las periferias europeas.
Para
completar esta Unión Financiera, se desarrolla la regulación de la Unión de Mercados de Capitales que
incluirá medidas que faciliten las transacciones a este nivel (titularización,
regulación de instrumentos financieros, etc....). Se deriva de la necesidad de
dotar a esos fondos de cierta capacidad financiera el establecer mecanismos que
dinamice la conversión de recursos de ahorro hacia la financiación e inversión
en estos esquemas de titularización y apalancamiento.
Dentro
de este capítulo también se desarrolla la Unión Bancaria (que incluye instrumentos o iniciativas
como el Mecanismo único de Supervisión, el Fondo de Único de Resolución, o un
futurible Sistema común de Garantía de depósitos). Entraña un proceso de transferencia de
la competencia de supervisión de los Bancos Centrales nacionales al Banco
Central Europeo. Mediante el Mecanismo Único de Supervisión, el BCE y otras
entidades próximas con las que coopera (Junta Europea de Riesgo Sistémico,
Autoridad Bancaria Europea, Mecanismo Único de Resolución) ejercen directamente
la supervisión sobre 120 grupos financieros. Lo que supone un total de 4.700
entidades financieras de los Estados miembros participantes y un 85% de los
activos bancarios de la zona euro. Las ANC (los bancos centrales nacionales)
seguirán supervisando el resto, unas 3.500 entidades bancarias. El MUS focaliza
la supervisión sobre las denominadas entidades significativas. Lo cual excluye
a buena parte de entidades pequeñas y medianas, especialmente de países grandes
como Alemania, que seguirán siendo supervisadas por el Bundesbank. Dicho de
otra forma, su perímetro de supervisión es el sistema financiero situado en la
zona euro, dejando aparte especialmente a buena parte de las entidades
financieras medianas y pequeñas de los países económicamente más potentes. En
suma, el BCE, en cuyo gobierno tiene una gran ascendencia las principales
superpotencias centroeuropeas, centralizará más competencias de supervisión,
respondiendo a ese diagnóstico que reina prejuiciosamente entre los analistas
de las grandes multinacionales y gobiernos centroeuropeos: son los actores
periféricos los culpables y no las instituciones creadas o las políticas
convencionales hasta ahora ejecutadas.
El
esquema exige parámetros de capitalización para que las entidades de cierto
tamaño alcancen un nivel de solvencia que garantice su viabilidad. En caso de
dificultad, tras la realización de test de stress[11],
estas son las pautas a seguir:
1) En primer lugar recurrir a emisiones
de capital.
2) Si no es así se plantea la venta de
activos, o la provisión de riesgos y deducciones de capital extraordinarias
(ventas de activo de carteras y venta de filiales), como medidas de
desapalancamiento y reestructuración.
3) Compensaciones con beneficios no
distribuidos.
4) Como última solución se recurrirá a
rescates públicos.
Esto
supone exigir un mayor esfuerzo al accionariado (ampliando capital, no
distribuyendo dividendos, o destinando beneficio a fortalecer el capital social),
o plantear una reducción del tamaño de las entidades. Sigue sin atribuírsele
adecuadamente la responsabilidad apropiada a determinados acreedores -que
obteniendo réditos iguales que los del accionariado, no asumen el riesgo
igualmente, cuando en ocasiones juegan un papel parecido, incluso en el orden
de las decisiones en determinados casos-. No se propone una intervención de
carácter global (que implicase una regulación del funcionamiento bancario
–coeficiente de reserva, regulación de productos bancarios, mayor responsabilidad
de determinado tipo de acreedores en tanto que accionariado encubierto, etc…),
que condujese a fusiones ordenadas, e inclusive plantease la configuración de
un polo bancario público para casos de incumplimiento de la regulación
financiera establecida. En cambio, se plantea un esquema de ajuste individual
de cada banco, para propiciar la caída de bancos insolventes, mayormente de la
periferia europea, para que no contagie a bancos centroeuropeos ni se tenga que
emplear el MEDE en determinados casos. Sin embargo, es posible que en más de un
caso, y puede que en varios bancos sistémicos, acabará recurriéndose al MEDE,
como fórmula de rescate público europeo, ejecutándose a escala europea una
operación conocida y practicada a nivel nacional –la socialización de pérdidas
y deudas privadas-, que ahora se multiplicará a escala continental, pero ya sin
tener que asumir el coste de rescatar bancos que no se encuentran en los países
centrales.
Así,
las medidas aplicadas tienen varios propósitos:
a) que los actores económicos de los
países más fuertes determinen las condiciones de funcionamiento del resto –pues
parte del sistema bancario intermedio, en especial las cajas alemanas, queda al
margen de la supervisión-,
b) Que en caso de bancarrota en la banca
periférica, se establezcan cortafuegos para evitar el contagio a la banca de
centroeuropea, haciendo caer primero a los bancos menos viables, y minimizando
la actuación mediante el MEDE.
c) Tratar de tranquilizar a los mercados
financieros, dando condiciones de confianza para que se aporte capital a los
bancos con cuentas maltrechas,
d) y legitimar un eventual macrorescate
bancario europeo bajo unas condiciones ordenadas, que podría producirse si uno
o varios bancos sistémicos caen, pero ya sin el sobrecoste de una parte de la
banca periférica que, con las reglas establecidas, ya se habría sometido
anteriormente a adquisiciones, reestructuraciones, concentraciones o cierres.
Esto volvería a sacrificar al erario público y recaería sobre la espalda de los
y las trabajadoras y demás contribuyentes efectivos, a una mayor escala que la
hasta ahora conocida. Y sosteniendo a banca en riesgo de los países centrales,
alguna de ella probablemente de carácter sistémico.
Para
refinar el papel de la política monetaria y dar mayor vigor al euro en el mundo
se establecería, a su vez, una representación
exterior única de la zona euro, a tal punto de poder competir en los foros
internacionales con otras divisas.
El informe, como colofón, habla de "responsabilidad democrática". Esto equivale a que una vez que
se haya desarrollado económicamente el modelo que se propone se culminaría con una
recentralización de la legitimación política en el Parlamento Europeo, y una coordinación
de los parlamentos nacionales con el Parlamento Europeo. Esto supone, a
sabiendas del papel subalterno del Parlamento respecto del Consejo y la
Comisión –y quizá a partir de ahora del Eurogrupo como actor líder-, una
degradación de la democracia económica y la quiebra de la soberanía nacional o
popular.
4. La
experiencia griega.
El
proyecto de refundación anteriormente descrito se impulsa en medio de la crisis
del Euro, de la deuda y el episodio griego, tras varias crisis financieras que
exigieron “rescates” a Chipre (2013), Rumanía (2011 y 2013), siendo los de mayor
envergadura los casos de Grecia (2010, 2012 y 2015), España (2012), Irlanda
(2010) y Portugal (2011), por al menos 493,92 mil millones de euros[12].
El caso griego (2010, 2012 y 2015) muestra a las claras los límites a la
democracia nacional y la soberanía popular en el marco del Sistema Euro, que,
gobernado por el Eurogrupo, institucionalmente irregular –y fuera de los
tratados europeos-, en modo alguno puede caracterizarse como un marco
democrático de toma de decisiones. La posibilidad de reedición de estos
episodios y su extensión a más países de Europa en una próxima recesión
(Roberts, M.; 2015) es posiblemente el desencadenante que haya hecho
replantearse la estrategia de las clases dirigentes centroeuropeas para
gobernar Europa.
No
es casual que en la intención del proyecto del informe de los cinco presidentes
sea incorporar a los tratados el papel de liderazgo del Eurogrupo y el
fondo-instrumento del MEDE. Lo primero implica una vez más subordinar al
Parlamento Europeo (no sólo anular las competencias de los parlamentos
nacionales). Lo segundo equivale a dotar de un látigo financiero de dominación
para rescatar banca en situación de insolvencia y condicionar la política
económica de los países con problemas sistémicos de deuda.
Ya
se han experimentado operaciones mal llamadas de rescate bien conocidas en
países periféricos. Los casos irlandés, español, chipriota y griego son
emblemáticos de como con fondos europeos se han impuesto políticas de ajuste en
el ámbito social, laboral y público, al mismo tiempo que el aparato del Estado
proveía fondos para el sostenimiento del sistema bancario privado, en ocasiones
con drásticas regulaciones que condujeron a procesos de concentración
inauditos, o de entrega del sistema de cajas de ahorro al sistema bancario privado,
como en España.
En
el caso chipriota, la intervención no sólo se conformó con instaurar medidas de
ajuste, también seleccionó, en el proceso de caída bancaria, los actores
pagaderos de la bancarrota, con especial impacto en acreedores internacionales
–rusos, especialmente- que no fueron advertidos de la reestructuración –cuando
otros europeos sí lo fueron- y depositantes con cuentas de determinado tamaño,
incluyendo medidas extraordinarias de control de movimiento de capitales –lo
que expresa el doble rasero de las instituciones europeas que, cuando lo hace
manera ventajista, no tiene inconveniente en aplicar medidas hasta ahora tabú
en otros lugares.
En
el caso griego, como se ha dado cuenta sobradamente en los informes del Comité
de la Verdad de la Deuda Publica griega (Toussaint, E. et al; 2015), las
diversas operaciones fueron más complejas aún. Las condicionalidades aplastaron
la economía griega un 25% del PIB en el periodo 2010 y 2015, sustituyeron a la
banca privada centroeuropea como acreedora por fondos de instituciones europeas
o del FMI y diversos acuerdos multilaterales, para hacer que la deuda pública
estuviese en un 80% en manos de instituciones públicas europeas, cuyo respaldo
recae principalmente en las contribuciones fiscales de las clases productivas.
El nuevo memorando de entendimiento profundiza esta relación y mismo camino,
con un gobierno de izquierdas que gestiona la austeridad en términos más duros
que ejecutivos conservadores anteriores.
La
experiencia griega advierte de algunos límites del proyecto europeo y muestra
las orientaciones de los poderes fácticos europeos. El estancamiento económico
europeo y la crisis de la viabilidad del euro en determinados países,
erosionando la credibilidad de la divisa, sostenida por pies de barro en el
campo financiero y de su pésima integración real como área socioeconómica, y el
ascenso de fuerzas políticas que cuestionan el esquema desde posiciones
antagónicas en varios países, sitúa el punto de partida de lo que aquí
consideramos un proyecto de refundación neocapitalista de la Unión Europea para
los próximos años.
Algunas
de las conclusiones de la experiencia indican algunos factores y tendencias.
Por un lado, los gobernantes de los países centrales, que responden a los
intereses de los poderes financieros transnacionales de su área geográfica, han
sido cautelosos para atender tanto a las expectativas de sus electorados
–convencidos de que su posición de privilegio responde a méritos acumulados-,
presionar al gobierno griego con todas las armas financieras a su alcance, y
evitar la desmembración de la eurozona. Para ello han empleado mecanismos de
extorsión económica que han convertido a un país en protectorado desactivando
las decisiones tomadas por un pueblo en las elecciones de Enero de 2015, y el
Referendo del pasado Junio.
En
este episodio se ha dejado claro el modelo autoritario de la Unión Europea,
comandado por el Eurogrupo –una instancia que representa a los países, al
margen de las instituciones oficiales europeas- y los planes económicos para
someter a los países que quieran pertenecer al área de la Eurozona. Un modelo
que impide autonomía decisoria en materia presupuestaria, fiscal, laboral,
social, financiera y monetaria a los Estados Miembros desplazados a papeles
subalternos en la división internacional que se ha pautado desde las grandes
compañías transnacionales privadas, y el tándem cómplice de lobbies y la
mayoría de gobiernos. La lección extraída es que a partir de este episodio se
ha querido cancelar los márgenes de maniobra en competencias económicas
nacionales fundamentales a todos los países periféricos.
El
papel del EFSF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) y lo que es ya el ESM
(Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, siguiendo sus siglas en inglés),
más aún si se incorpora a los Tratados Europeos, muestra el camino para la
formación de lo que sería un singular tesoro europeo con el firme propósito de
estabilizar la eurozona, en particular su sistema financiero, y emplear los
recursos públicos para pautar las políticas económicas nacionales, y
anticipando un modelo de unión fiscal alejado de cualquier esquema
redistributivo o democrático.
5. El
carácter del presupuesto de la UE y sus modificaciones.
El proyecto de refundación
para Europa ya refleja algunas tensiones en los debates y decisiones en uno de
sus instrumentos principales: su propio presupuesto.
5.1.
El lado de los ingresos.
El
examen del sistema fiscal interno medio de los países de la UE nos advierte de
un peso específico mayoritario de los impuestos que gravan el trabajo, seguidos
por el peso de los impuestos indirectos, que son regresivos. Los impuestos
sobre el capital apenas representan en la UE el 20,8%, lo que muestra que los
sistemas fiscales de los Estados miembros no responden a la proporción en la
distribución del ingreso que comporta el peso de la masa de beneficios, muy
superior al 20% en las rentas nacionales –en varios países puede alcanzar en
torno al 50%-. En definitiva, los regímenes tributarios de los Estados Europeos
son regresivos y se soportan sobre las rentas del trabajo o sobre los gastos de
consumo, que en mayor medida se originan asimismo en las rentas del trabajo.
Ingresos fiscales por función
económica UE-28 2012 %del total fiscal
|
|
%
|
|
Capital
|
20,8
|
Trabajo
|
51,0
|
Consumo (17% IVA)
|
28,5
|
Fuente: Parlamento Europeo en base a
Eurostat.
|
|
En
términos comparados, el presupuesto de la Unión Europea, con un sistema que no
ha cambiado apenas, siendo bastante estable tiene una composición que no mejora
la base regresiva anterior. La aportación mayor proviene, con un 74,3% de un
porcentaje aplicado sobre el PNB, y la segunda partida procede de recursos
tradicionales procedentes de impuestos indirectos sobre la producción como son
los aranceles, derechos agrícolas o impuestos sobre el azúcar, en un 10,3%, y
en tercer lugar una aportación en base al IVA que alcanzaba el 9,4% del
presupuesto en 2013.
Porcentaje
de ingresos según fuente. Año 2013
|
%
|
Recursos propios basados en el IVA
|
9,38
|
Recursos propios basados en la Renta
Nacional Buta
|
73,71
|
Recursos propios tradicionales
|
10,28
|
Excedentes años anteriores
|
0,7
|
Otros ingresos
|
5,82
|
Fuente:
EIPA, Abril 7, 2015 -www.EIPA.EU
Los
recursos propios se componen de recursos tradicionales, de los cuáles se
quieren reducir en un 10% en los costes de su recaudación, la Tasa de
Transacciones Financieras (aún sin funcionar), un porcentaje del IVA sobre
bienes y servicios, sujeto a un ratio estándar en los países miembros, y el
principal, que procede de un pequeño porcentaje de la Renta Nacional Bruta de
cada país. A ello se le resta un cuantía a tanto a alzado (rebate) a Alemania (2500 millones de euros), Holanda (1050
millones) Suecia (350 millones) y Reino Unido (3600 millones). Hasta 12 Estados
Miembros, de los 28, un 43% del total, disfruta acuerdos específicos en sus
aportaciones, y no se ha previsto un cambio en el periodo 2014-2020. Los casos
más extremos son los de Luxemburgo y el Reino Unido, cuyas aportaciones están
muy por debajo de la media del esfuerzo por persona.
La
estabilidad del presupuesto está sujeta a un límite regulado. La evolución del
presupuesto europeo está bajo control, con un techo establecido para todo el
periodo 2014-2020. Este le exige un máximo de compromisos que no puede superar
el 1,29% del RNB de la EU y un 1,23% de pagos en los mismos términos,
impidiéndosele acumular déficits. No sólo es un presupuesto reducidísimo, sino
que apenas puede desempeñar un papel amortiguador del ciclo. Comparando el
porcentaje del ingreso que proviene del IVA, en el presupuesto europeo esta
fuente es mucho menor, puesto que mientras que en los Estados equivale en torno
al 17% de los ingresos en el presupuesto europeo es del 9%. Aún así, el peso
muy superior de los ingresos que proceden de un porcentaje del RNB no consigue
corregir el efecto regresivo del Sistema fiscal de los Estados.
Una
forma de aproximarse a la cuestión redistributiva, de manera primaria –sin
atender a la distribución del ingreso al interior del país- es observar la
aportación media que se hace por persona. Es evidente que las contribuciones de
los Estados Miembros no responden a la renta per cápita correspondiente.
Si
hacemos balance global, la aportación de los Estados Miembros al presupuesto
equivale al 0,95% de la renta per cápita en términos medios en la EU-28. Ahora
bien, la renta per cápita de los países de la Unión Europea es muy desigual,
sin mirar siquiera las diferencias en la estructura social interna de cada uno
de ellos. Entre los países más ricos están Luxemburgo, que prácticamente dobla
a los siguientes con mayor nivel de renta: Dinamarca, Suecia o Austria. La
diferencia entre este segundo grupo, con el grupo con menor nivel de renta, que
incluiría a Bulgaria, Rumanía, Hungría o Croacia es también notable, entre 4 y
8 veces más renta per cápita.
Sin
embargo, las aportaciones nacionales, sin mantener una distancia enorme entre
sí en términos porcentuales –entre el 0,93%[13]
y el 1,06% están la inmensa mayoría de países- tampoco responden a criterio
distributivo alguno. Pero hay excepciones que se salen de ese umbral. Llama
poderosamente la atención que tras Croacia (0,53%), sea precisamente Luxemburgo
el país que aporta menos en términos de porcentaje de renta per cápita, con
apenas un 0,68%. Y que Holanda (0,79%) o el Reino Unido (0,76%), países bien
dotados económicamente, también estén entre los que menos contribuyen.
Son
Malta, Letonia, Francia y Bulgaria los que llegan a aportar un 1,06% de su
renta per cápita, en el tope de todos los Estados Miembros. Cabría preguntarse
el porqué de esta desigualdad y hasta qué punto es justo que haya países con un
tratamiento fiscal más ligero que el resto, entre los que están Dinamarca,
Alemania, Irlanda, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Holanda, Austria, Eslovenia,
Suecia y Reino Unido. Esto sin tener en cuenta que cualquier esquema
redistributivo debiera plantearse bajo un esquema progresivo y por persona, que
contemple la capacidad económica de los diferentes países.
5.2.
El volumen y orientación del gasto.
El
presupuesto de la UE es extraordinariamente pequeño, en torno al 1% del PIB, si
lo contrastamos con el de otras regiones continentales comparables (EEUU
contaba en 2015, según AMECO, con un presupuesto público del 37,6% de su PIB).
El presupuesto de la Unión Europea es asimismo muy bajo si lo comparamos con el
peso específico de los Estados Miembros. El peso del presupuesto nacional
alcanza en torno al 46 o 47%. La mayor parte de los recursos públicos están
concentrados a nivel estatal nacional.
El
presupuesto de la Unión Europea ha adoptado un tamaño en términos absolutos no
desdeñables pero en términos relativos sumamente exiguo. Además, un 80% se
revierte en programas que finalmente ejecutarán los Estados miembros. Los
fondos para incrementar la integración europea son de escasa dimensión, más
allá de que puedan ser significativos en determinados países de reducido
tamaño. Gran parte de los programas se destinan a introducir dinámicas
concordantes con la construcción de un mercado único, rentable y flexible para
el capital europeo.
Se
arrastra una inercia en el presupuesto, que es tanto rígido para que no pueda
crecer, como también es relativamente inflexible en su composición interna,
limitado por las competencias de la Unión Europea, y las dinámicas que
inmovilizan su composición interna.
Las
partidas más importantes, desde hace años, están en el capítulo agrícola[14],
denominado de diversas formas, y que a veces ha sufrido más cambios en su
nombre, embelleciendo su rúbrica y ligándola al medioambiente, que en su realidad.
% PRESUPUESTO DE LA UE
|
||
2014
|
2015
|
|
Competitividad para el crecimiento y el empleo
|
11,55
|
12,08
|
Cohesión económica, social y territorial
|
33,29
|
33,89
|
Crecimiento sostenible: recursos naturales
|
41,48
|
40,48
|
Seguridad y Ciudadanía
|
1,52
|
1,48
|
Europa Global
|
5,83
|
5,75
|
Administraciones
|
5,89
|
5,96
|
Instrumentos especiales
|
0,41
|
0,35
|
Otros
|
0,03
|
0,01
|
Autorizaciones –compromisos de crédito-
(millardos de euros)
|
142,3
|
145,3
|
Compromisos de Pagos (Millardos de
euros)
|
139
|
141,2
|
Fuente: EIPA, Abril 7,
2015 -www.eipa.eu
|
||
Compromisos de Pagos Presupuesto de
la UE. Millones de Euros. 2015
|
||||
Y
|
X
|
Y - X
|
%X
|
|
2014
|
2015
|
%
|
%
|
|
Presupuesto
final adoptado
|
Borrador
de Presupuesto Corregido 8
|
|||
1b
Cohesión económica, social y territorial
|
51.124,73
|
51.372,07
|
0,48%
|
36,36
|
2
Crecimiento sostenible: recursos naturales (principalmente política agrícola)
|
56.443,75
|
55.978,78
|
-0,82%
|
39,62
|
3
Seguridad y Ciudadanía
|
11.665,51
|
1.926,97
|
15,70%
|
1,36
|
4
Europa Global
|
6.840,9
|
7.478,23
|
9,32%
|
5,29
|
5
Administración
|
8.405,39
|
8.658,63
|
3,01%
|
6,13
|
6
Compensaciones
|
28,6
|
0,00
|
-100%
|
0
|
Otros
instrumentos especiales
|
350
|
384,51
|
9,86%
|
0,27
|
Total
|
139.034,23
|
141.280,42
|
1,62%
|
100
|
Fuente:
Elaboración propia a partir de la Comisión Europea
|
||||
La
metamorfosis del presupuesto, en ocasiones, es nominal. Las partidas ligadas a
estrategias de promoción de un mercado competitivo, empiezan a llamarse
“inteligentes”, o las referidas a la agricultura y ganadería, refieren a los
recursos naturales y la sostenibilidad.
5.3. El presupuesto,
¿Cambio de tendencia?.
Sin
más pretensión que identificar los debates que se están abriendo en el curso de
esta refundación para la UE, mostramos algunas discusiones que, en gran medida,
surgen de la agenda del Informe de los 5 presidentes, tratando de señalar las
razones subyacentes y sus probables implicaciones.
Debemos
hacer notar que el presupuesto de la UE no es más que una parte de los recursos
públicos supranacionales que están impulsando el área económica europea occidental.
Una miríada de acuerdos, fondos e instrumentos intergubernamentales disponen de
recursos adicionales, cuya evaluación queda al margen de los instrumentos de
auditoría de la UE (el Tribunal de Cuentas) y su uso se decide entre los
gobiernos que participan en ellos en función de su aportación económica, en un
espacio paralelo que, sin reconocimiento en el marco institucional europeo, de
facto contribuyen a construir el proyecto europeo sin estar obligados a atender
las regulaciones aprobadas, pero frecuentemente influyendo en la marcha del
proyecto europeo. Puede afirmarse que la mayor parte de las iniciativas de
construcción del área económica europea responden a este “presupuesto en la
sombra” cuyas dimensiones probablemente superan el peso del que son
responsables las instituciones reconocidas: el Consejo, la Comisión y el
Parlamento Europeo. Se trata de iniciativas de diversos gobiernos que no tienen
problema alguno en aspirar en los Tratados mecanismos como el MEDE porque
pueden imponerlo, al mismo tiempo dificultarían cooperaciones reforzadas (que
exige la participación de al menos 8 países) si no son aprobadas a escala de la
UE, con el objeto de que ninguna de estas iniciativas diverjan en su naturaleza
del proyecto de una Europa del capital que las clases dirigentes europeas
llevan poniendo en práctica desde sus inicios.
Entre
los debates al orden del día, y que ya no se centraría únicamente en el lado
del gasto, está el planteamiento de una mayor dotación de recursos al presupuesto de la UE para hacer frente a los numerosos
retos que se le plantean: combatir el estancamiento, hacer frente a una crisis
financiera, el aumento de la movilidad de personas y la crisis de refugiados,
retos en las relaciones internacionales, posibles crisis energéticas y
climáticas o la aparición de supuestas nuevas amenazas. Lo novedoso en esta
ocasión es que numerosas fuerzas hasta ahora comprometidas con un presupuesto
limitado estarían abiertas a su crecimiento, con el objeto de evitar o encauzar
las migraciones, fortalecer la capacidad securitaria de la Unión o tratar de
sostener la credibilidad financiera y monetaria del euro.
Esta
dotación adicional de recursos, para finalidades diferentes a un esquema de
atención a las necesidades sociales, se plantea con un propósito racionalizador
y de ordenamiento del mercado europeo, favorable al capital transnacional. A
este respecto, por ejemplo, la unión fiscal, que podría implicar, más allá de
la armonización de algunas bases fiscales de determinadas figuras impositivas,
nuevos recursos propios a la UE, se vería, probablemente, compensado con
reducciones en la presión fiscal a nivel nacional. Impuestos indirectos
armonizados quizá tendrán más predicamento, de proseguir los gobiernos
actuales, frente a otras fuentes de recursos como el impuesto de transacciones
financieras o impuestos ambientales, aunque también se podría recurrir a
aumentar las aportaciones ligados a la Renta Nacional Bruta, a cambio, como
hemos indicado, de reducir la progresividad y la presión fiscal a escala
nacional. El informe de los 5 presidentes ya prevé recentrar competencias para
pautar las reformas fiscales y presupuestarias nacionales.
Conviene
recordar que una primera mutación del presupuesto europeo para contribuir al
llamado Plan Juncker, o Plan de
Inversiones para Europa[15].
Se destina del presupuesto europeo un total de 8.000 millones de euros, que se
sumarán a otros 5.000 millones procedentes del Banco Europeo de Inversiones,
para conformar un fondo de garantía y respaldar la emisión de títulos en los
mercados financieros privados, haciendo posible, mediante apalancamiento, y
confiando en que pueda reunir fondos de pequeños ahorradores dispersos, multiplicar
el capital disponible para financiar iniciativas de inversión de largo plazo. Algunas
partidas se verán afectadas. El modelo planteado, extendido ya para el impulso
de otras iniciativas, recurre a un modelo de titularización de bonos que
permite acceder a la iniciativa privada a inversiones –algunas de ellas con un
carácter de potencial interés general- en la que, con un riesgo muy bajo –porque
han de ser inversiones “seguras y rentables”, en tanto están respaldadas
públicamente, se puede obtener un lucro, si bien a un nivel no excesivamente
alto. Los problemas de este modelo de financiación de la inversión, más allá de
la propaganda en su favor, son varios: termina financiando iniciativas que de
hecho se iban a hacer igualmente, en general de grandes empresas
centroeuropeas; no contempla un modelo de inversión redistributivo para
sectores innovadores potenciales o en territorios que requieren una
reactivación para superar carencias sociales; confía en la iniciativa privada
proyectos que por su naturaleza sería más conveniente una mayor intervención
pública; y, especialmente, difícilmente resolver la crisis de inversión en
tanto que la iniciativa privada sigue sin disponer su capital cuando las tasas
de rentabilidad permanecen bajas, inseguras o con perspectivas de caída. Sin
duda alguna, la inversión forma parte de las posibles soluciones, pero este
plan adolece de numerosas carencias de diseño, modelo de financiación,
selección de proyectos así como de volumen, para realmente constituir el
impulso necesario.
En
fase de discusión, sin haber tomado aún decisión alguna[16],
se abre la revisión[17] del
Marco Financiero Plurianual (MFF) que establece diferentes márgenes que
topan el desarrollo del Presupuesto Europeo. En primer lugar, impide, por un
periodo de 7 años que el presupuesto se desvíe de unos topes máximos
establecidos. También se establecen líneas para que los recursos no puedan
transferirse de un encabezado a otro del presupuesto, con lo que apenas deja escaso
margen para modificar las asignaciones al interno de cada gran rúbrica (heading), dejando poca maniobra a los
instrumentos de flexibilidad. Se facilitan algunos márgenes determinados por techos,
pero en proporciones muy pequeñas, dentro de cada rúbrica, y, sólo algunos
fondos excepcionales de solidaridad se habilitan para casos de emergencia o catástrofe.
Fondos que únicamente se activan en caso de que se produzcan y se soliciten. La
revisión, más allá de la modificación dentro de este esquema, es sumamente
complicada dado que requiere apoyos de la mayoría del parlamento y mayoría
cualificada en el Consejo. Pero podría darse el caso que asistiéramos a algunos
cambios para facilitar incrementos en los topes y techos, o acortar el mandato
del MFF a cinco años, por ejemplo. La burocracia de Bruselas y las nuevas
circunstancias políticas podrían propiciarlo, siempre y cuando se soslayen las
resistencias de algunos Estados miembros y las fuerzas políticas emergentes, en
diferentes espectros del arco político, que o bien aspiran a un esquema
meramente intergubernamental o de refugio nacional, que recelan de unas
instituciones europeas más fuertes, o que sencillamente se opondrían a un
modelo austeritario y antidistributivo a escala europea.
Otro
debate, menos público y más desdibujado, es el que propondría un presupuesto para la eurozona. Las
implicaciones son inciertas, pero nos tememos que podría consagrar una división
de recursos y toma de decisiones que afianzaría una Europa económica a varias
velocidades. Ni que decir tiene que la formación de un presupuesto sólo para
los países de la Eurozona discriminaría a los países de la UE que no estarían
en dicho club y supondría un problema de segregación política del Parlamento
Europeo, que ocasionaría la formación de una cámara selectiva para los miembros
que perteneciesen a la zona euro. Cabe preguntarse por la utilidad de dicho
presupuesto, pero quizá la pista, una vez más, sería el uso del MEDE, como
precursor de un Tesoro Europeo, que, como vemos, está preñado de un objetivo de
estabilización financiera que soporte la credibilidad de la divisa europea, y
que no atendería a otras prioridades sociales, en principio. El debate está
abierto, porque en ese diseño podrían caber elementos correctores menores, como
un seguro de desempleo europeo, o un mecanismo de garantía de depósitos,
compatible con costes medios menores a los sistemas actuales y capaces de
amortiguar algo una crisis financiera o desempleo fuerte a pequeña escala y de
manera localizada.
6. Otra
Europa es posible
Realmente
los tiempos de crisis que atravesamos están repletos de paradojas. Las clases
dirigentes no siguen fielmente el viejo ideario neoclásico tal y como
esperamos. La burocracia de Bruselas puede estar impulsando un nuevo papel
recentralizador que dé más peso a las instituciones europeas en el gobierno
económico del continente. La izquierda clásica, europeista hasta la ingenuidad
-básicamente por su crítica débil a la UE-, se encuentra con que parte de sus
argumentos son arrebatados por la extrema derecha -políticas sociales,
proteccionismo, soberanismo-, y la derecha liberal -recentralización de
competencias en Europa y mayor peso del presupuesto europeo- y ha quedado
encerrada en una denuncia abstracta del capitalismo o una práctica de solidaridad
que refiere meramente al alivio sus consecuencias.
Ni
que decir tiene que un modelo idóneo de desarrollo propondría un avance
institucional y económico a escala internacional. La izquierda clásica viene
defendiendo un crecimiento del Estado para revertir las disfunciones del
mercado. Sin embargo, la experiencia nos señala que el desarrollo rentable de
los mercados para las grandes compañías ha exigido una importante intervención
y regulación del Estado, que el desarrollo capitalista ha exigido una
articulación entre modelos determinados de Estado compatibles con modelos
particulares de mercado (lucrativos). Debemos tener presente que no toda
recentralización y crecimiento del Estado presuponen una mayor democratización
y redistribución económica, que el Estado en el capitalismo persigue una
función de dar orden a los mercados, proteger la propiedad privada e intereses
de las grandes corporaciones. Es decir, tenemos que pensar en otra articulación
entre Estado, Mercado y entidades productivas, así como en otro carácter para
estas instancias.
La
experiencia griega y el Informe de los 5 presidentes rompe cualquier ilusión de
margen de maniobra significativo -hasta la fecha parte de la izquierda estimaba
que, por ejemplo, el límite de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
podía sortearse con una hipotética reforma fiscal, y no sólo por recortes en el
gasto-. Estas experiencias y nuevo proyecto de refundación europea dejan
meridianamente claro que los modelos fiscales estarán pautados para no
incrementar los costes fiscales al capital (aunque se dice menos de los
impuestos al consumo y el trabajo) y, por tanto, el lado en el que operar habrá
de ser en el gasto (especialmente social). El Informe, además, plantea también
un esquema de socialización de las deudas acumuladas al incorporar el MEDE en
los tratados, en una operación de rescate al sistema financiero privado,
especialmente centroeuropeo.
Las
alternativas políticas se agotan en el marco de la UE. El viejo proyecto
socialdemócrata de reformar la UE no es viable, y ningún cambio favorable a las
clases populares y trabajadoras se logrará sin tensionar sus estructuras y sin
una estrategia de ruptura.
A
este respecto, conviene evitar dos extremos. Uno, el ya señalado, de
idealización del modelo o el de confiarlo todo a una reforma prácticamente
improbable dadas las reglas de unanimidad establecidas y la preminencia del
Consejo en el liderazgo de la construcción europea.
La
experiencia helena ha sido y será muy dolorosa, tanto en el terreno material
como en el político, al no surgir una solidaridad internacional que abrigase
una iniciativa de desobediencia, más allá de la falta de proyecto alternativo
en caso de un corte de suministro financiero por parte del BCE. Ni que decir
tiene que la única alternativa pasa por la construcción de una iniciativa
política supranacional organizada, que incluya una estrategia antiausteritaria,
y que ponga en pie un modelo cooperativo internacional en los campos de la
inversión pública, la colaboración comercial y financiera, de convergencia real
y, dado el caso, en caso de fracasar un cambio, algo muy probable, en la UE, la
conformación de una nueva área económica y monetaria -sea con algunos países de
la UE, con otros de fuera, o una combinación).
Ya
se han abierto iniciativas como la de Besancenot (NPA, Francia), Ntavanellos
(UP, Grecia) y Miguel Urban (Podemos) para impulsar una conferencia por un
"Austerexit"[18],
o la Conferencia por un Plan B promovida por varias figuras internacionales
(Varoufakis, Melenchon, Konstantopoulou, Lafontaine, Fassina, con el respaldo
de los mismos Besancenot, Toussaint y Urbán, etc...)[19].
Ni que decir tiene que estas iniciativas tienen la responsabilidad múltiple de
promover un movimiento internacionalista organizado, pero también la obligación
de abrir un debate sobre modelos de política económica contra la austeridad que
se traduzca en propuestas concretas de prácticas solidarias y políticas
concertadas entre países.
Abordar
los debates sobre la deuda (reestructuración, impago selectivo, etcétera),
cuestionar los pactos fiscales, y desarrollar una convergencia fiscal, laboral
y social al alza que habilite un plan de inversión socioecológico altamente
creador de empleo (con las reformas laborales de carácter garantista que sean
precisas, que incluyan plenos derechos, una reducción del tiempo de trabajo y
su reparto, nuevas capacitaciones, o democracia laboral), o una mayor
integración de instrumentos económicos que garanticen redistribución y
democracia económica, política y social, debiera formar parte de su agenda.
Los
objetivos, medidas y caminos a seguir también serán sumamente relevantes en
este debate, que ha de abrirse a los sujetos sociales de cambio. Las formas de desobediencia
de los corsés creados por el Sistema Euro (Husson, 2012) deben contemplarse. No
será equivalente esperar un cambio de mayorías de gobiernos y parlamento
europeo, que emprender una iniciativa a escala nacional convocando a otros
países a sumarse, que abrir caminos regionales en extensión de cara a construir
lazos de solidaridad internacionales. De lo que no cabe duda es que es precisa
una alianza de clases populares, en los diferentes "sures" existentes
(en la periferia y en el centro) que posiblemente adoptará la forma de un
archipiélago de desobediencia con el objeto de poner en pie alternativas y
abrir senderos hasta ahora apenas explorados.
7. Bibliografía.
Albarracín,
D. (2012) "¿De qué Estado y Mercado me hablas?". Nuestra Bandera
Nº231.
Albarracín,
D., Álvarez, N. y Medialdea, B. (2013) "La crisis del sistema euro:
análisis y alternativas". Viento Sur. http://vientosur.info/spip.php?article8075
Albarracín
D. (2016) (Coord.) Plural dedicado a "La refundación de Europa en la
postcrisis griega". Núm. 144 Viento
Sur (2016). En edición.
Albarracín,
J. (2010) La crisis de la economía de
mercado. Maia Ediciones.
Ali, Tariq
(2015) El extremo centro. Alianza
Editorial
Gutiérrez E.
(coord.) Qué hacemos con el euro. Editorial
Akal.
Husson, M.
(2012) "Economía política del sistema euro". Viento Sur. Núm. 124. http://www.vientosur.info/IMG/pdf/VS125_M_Husson_Economia_politica_del_sistema_euro.pdf
Husson,
M. (2013) El capitalismo en 10 lecciones, Los libros de Viento Sur-La
Oveja Roja, Madrid, 2013.
Juncker J.P.
et al (2015) "Realizar la Unión Económica y Monetaria Europea". http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_es.pdf
Keynes, John
Maynard (1936) Teoría general de la
ocupación, el interés y el dinero. México: Fondo de Cultura Económica,
1947.
Parlamento
Europeo (2015) “Financing public expenditure: some key figures at EU and
national levels”. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/490701/IPOL_BRI(2015)490701_EN.pdf
Roberts, M.
(2015) “¿Entrará la economía mundial en una próxima recesión el próximo año?.”
Revista Sin Permiso. http://www.sinpermiso.info/textos/entrara-la-economia-mundial-en-una-nueva-recesion-el-proximo-ano
Shaikh, A.
(2011) "La primera gran depresión del siglo XXI". http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/XXI.pdf
Steffen, S.
(2015) “Capital Shortfalls in SSM Banks: How much progress has been made?”.
European Parliament. Oct 2015.
Toussaint, E.
(2015) Bancocracia. Icaria.
Toussaint, E. (coord.) (2015)
"Informe preliminar Comité de la Verdad de la Deuda Pública Griega ".
[1] Daniel Albarracín es Consejero Político en el Parlamento Europeo. Es Economista y Doctor en
Sociología. El enfoque, análisis e interpretación es de exclusiva
responsabilidad del autor. Todos los datos e información manejados son de
acceso público.
[2] Una de las más importantes, señalada por la Teoría Monetaria
Moderna, es la de no regular la capacidad de creación de dinero que dispone la
banca en el proceso de creación de deuda.
[3] Sin
duda alguna, tanto la defensa de una política monetaria expansiva como de una
restrictiva sin mayor detalle, sin identificar las circunstancias y condiciones
de su puesta en marcha pueden ser igualmente equivocadas.
[4] https://www.youtube.com/watch?v=DYfvAvyi_VU
Conferencia pronunciada en Madrid en 2014.
[5] Según el Instituto McKinsey Global la deuda ha pasado
de constituir el 269% a alcanzar el 286% del PIB global, entre 2007 y 2014.
Hasta un 80% de los países han elevado su nivel de deuda. Ningún componente de
la deuda ha dejado de crecer. Mientras la deuda privada empresarial (financiera
o no financiera) creció unos 25 puntos del PIB, la pública ascendió un 26% del
PIB más, y la de los hogares un 7% más. Los procesos de desendeudamiento han
sido excepcionales a escala mundial. El proceso de endeudamiento global sigue
implacable. En el ámbito europeo, se intensificó en mayor medida en países como
Irlanda (aumentado un 172% del PIB más en 2014 a su ya acumulado 390% en 2007),
Grecia (creciendo un 103% a partir de su 317% de inicio), Portugal (un 100% más
a partir del 358% original). También en España (que creció un 72% más hasta
2014 a partir de su 313% de 2007), a pesar de haber sido uno de los casos
excepcionales donde entre 2007 y 2014 la deuda de las corporaciones privadas,
financieras o no, cayó un 2% y un 14% respectivamente. Precisamente uno de los
países con políticas de conversión de deuda privada en pública más fuertes.
[6] Sea
como fuere, el referendum en el Reino Unido ha podido tener más de arma de negociación
para conseguir condiciones ventajosas para su permanencia en la UE que
realmente un intento de salida. Pero el referendum está en marcha y nada está
predicho.
[7] Y en
Ucrania se muestra a las claras el límite físico conflictivo de una mayor
extensión, al encontrarse Rusia como rival en Oriente.
[9] Hasta 9 países están bajo el Procedimiento de Déficit
Excesivo en la UE a fecha de Noviembre
de 2015, según el Parlamento Europeo.
[10] Según la OCDE en Junio de 2015 la inflación en la Eurozona era
nula y para Octubre el FMI la estimaba en apenas el 0,2%, con datos recogidos
por el Parlamento Europeo (“Key macreoconomic indicator in the Euro Area and
the United States). Noviembre 2015.
[11] En base al último test de stress hasta 10 bancos no lo superaron,
especialmente de países periféricos, como Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y
Chipre; y hasta cuatro más casi no lo hicieron. Steffen, S. (2015:11)
[12] Según datos del Parlamento Europeo. Briefing “Financial Assistance
to EU Member States”, State of Play, May 2015) y considerando que el último
rescate griego supuso nuevos 83 mil millones de euros.
[13] Elaboración
propia a partir del European Parliament (2015) “Financing public expenditure:
some key figures at EU and national levels”. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/490701/IPOL_BRI(2015)490701_EN.pdf
[14] El porcentaje de recursos destinado a la
Política Agraria Común se viene reduciendo con recurrencia en los últimos años,
en general para derivar ese presupuesto para medidas de competitividad y,
ahora, de carácter securitario. El desarrollo rural con apenas un 8%, y no
responde a las aspiraciones medioambientales que sugiere el nombre de su
partida. Una reducción que sirve para transferir recursos a la promoción de la
competitividad de las grandes empresas, en términos generales.
La PAC, no cabe
duda, necesita ser repensada por su carácter favorable a los grandes
propietarios de la industria agroganadera intensiva y oligopólica. El menor
peso de este segmento no ha impedido una continuidad en este carácter. Mientras
tanto, la izquierda política ha desarrollado escasamente un plan propio para
este sector. Posiblemente el modelo a pensar tendría que responder a preguntas
tales como: ¿cómo potenciar la soberanía alimentaria?; ¿cómo impulsar la
economía de proximidad para evitar un transporte a larga distancia
insostenible?; ¿cómo apoyar al pequeño agroganadero independiente que
desarrolle su actividad de manera ecológicamente sostenible?; ¿cómo evitar la
dependencia de la cadena de valor agroganadera de la distribución comercial
privada que le impone precios que hacen inviable la agroganadería extensiva?;
si ha de reducirse el peso de estas partidas en el presupuesto europeo, ¿a qué
programas y actividades debiera destinarse esos recursos?.
[15] http://www.consilium.europa.eu/es/policies/investment-plan/
[16] Posiblemente
la revisión no tenga mucha trascendencia pública, para impedir un debate más
amplio y profundo y limitarla a determinados ajustes sujetos a los objetivos
del establishment y la gran coalición que domina las instituciones europeas.
[17] Probablemente quedará más en una “review” (modificación leve) que en una “revision” (reforma en profundidad) siguiendo los conceptos en
inglés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario